La declaratoria de emergencia económica que fue firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado lunes, abrió un nuevo episodio en la discusión fiscal del país.
Mediante el Decreto 1390 de 2025, que contó con el respaldo de sus ministros, el Gobierno utilizó un mecanismo enmarcado en el Artículo 215 de la Constitución, que faculta la expedición de decretos fuerza de ley para hacer frente a una emergencia económica, que, según el mandatario, no puede solucionarse con las herramientas ordinarias del Estado.
La medida se produjo tras el hundimiento de la reciente reforma tributaria y de dos proyectos de ley de financiamiento con el que se buscaba recaudar $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026. Para el Gobierno, la falta de recursos ha creado un desbalance significativo entre los gastos necesarios para garantizar lo esencial y los ingresos reales de la Nación, lo que deja a la deriva la estabilidad económica y social.
Aunque la declaratoria ha generado inquietud en los ciudadanos y empresarios, el decreto no establece impuestos inmediatos. Su labor es autorizar al presidente para la emisión de decretos en los que sí se podrán anexar nuevos tributos o modificaciones temporales a los existentes.
Las medidas
Entre las medidas que se podrían retomar estaría el IVA a los juegos de azar en línea, el impuesto al patrimonio en grandes empresas y el aumento al gravamen en las transacciones financieras, que saltaría del 4x1.000 al 5x1.000.
En declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida solo impacta a los ‘megarricos’ del país y no tendría influencia en la clase media. “La intención es clara: que el peso de la medida recaiga sobre quienes tienen mayores capacidades económicas”, manifestó.
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Uno de los principales argumentos por los que se acudió a la emergencia fue la situación que enfrenta el sistema de salud. En el decreto advirtió que se necesitan $3,3 billones adicionales para la vigencia de 2026 con el fin de cumplir fallos de la Corte Constitucional que ordenan igualar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado al 95% del contributivo.
Según el Ejecutivo, sin estos recursos, el derecho a la salud de millones de colombianos estaría en riesgo.
Sumado a esto, la situación de orden público en varias zonas del país, también entra a jugar un papel clave. Los ataques de grupos al margen de la ley en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, han causado no sólo afectaciones humanas, sino también impacto económico en las regiones.
El Ministerio de Defensa estima que requiere $2,7 billones para modernizar la tecnología y la infraestructura de la Fuerza Pública, mientras que la Unidad Nacional de Protección (UNP), solicita $1 billón para garantizar la seguridad de líderes sociales y candidatos de cara a las elecciones del próximo año.
El presidente Petro defendió la emergencia económica, resaltando que el endeudamiento no se usará para financiar nuevos gastos de su mandato, sino para pagar obligaciones que fueron heredadas de gobiernos anteriores.
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Erosiona confianza en la política fiscal
Para el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, el objetivo real del Gobierno es aprobar una ley de financiamiento (reforma tributaria) por decreto, saltándose al Congreso.
“Esto representa un precedente riesgoso para la democracia. El Congreso, en sus facultades legales, no aprobó esa ley. Usar una emergencia para imponer impuestos que no pasaron por debate legislativo debilita el equilibrio de poderes”, indicó Salazar.
El economista manifestó que la emergencia no es un accidente externo, sino una “profecía autocumplida”. Añadió que el presidente sobreestimó sus ingresos de forma sistemática y ahora usa la crisis que él mismo generó para justificar medidas extraordinarias.
“El Gobierno, con esta práctica, vuelve a utilizar una forma de ‘creatividad contable’, que erosiona la confianza en la política fiscal y compromete la sostenibilidad del Estado.
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No se puede gobernar por decreto: Fenalco
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, también expresó su preocupación por la decisión del Ejecutivo nacional.
Según el líder del gremio, los argumentos expuestos no corresponden a situaciones nuevas ni excepcionales, sino a problemas conocidos desde hace tiempo o derivados de su propia gestión.
Cabal explicó que temas como la financiación de la UPC en salud, los persistentes problemas de seguridad, la no aprobación de la ley de financiamiento, la atención de desastres naturales, las sentencias judiciales y los subsidios de energía y gas hacen parte de obligaciones previsibles del Estado, que deben atenderse dentro de los canales institucionales ordinarios.
El dirigente gremial recalcó que los asuntos tienen otras salidas, antes de tomar este tipo de decisiones.
“No se puede gobernar por decreto para corregir deficiencias estructurales del Estado, ni desconocer el principio fundamental de que no hay impuestos sin representación”, afirmó Cabal.
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