La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por medio de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, decretó medidas cautelares de protección, durante seis meses, sobre el Cementerio Central de Cúcuta debido a la manipulación de restos de posibles víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado en el lugar.
La decisión fue tomada por la JEP tras la petición realizada por la Consejera de Paz, Reconciliación y Convivencia Departamental de Norte de Santander, Aura Rita Navas Hernández, para garantizar la protección de cuerpos de personas no identificadas (CNI) y de personas identificadas no reclamadas (CINR) que reposan en el Cementerio Central de Cúcuta.
La medida prohíbe desde ahora toda exhumación y reubicación de CNI y CINR que reposen en el Cementerio Central, salvo por orden de la misma JEP o por otra autoridad competente y previa comunicación a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
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En esa línea no se permitirá la manipulación de los restos de CNI y de CINR que se encuentran actualmente en los denominados monumentos o en fosas comunes, y ordena su custodia y debida conservación hasta tanto sean exhumados con miras a su identificación y cotejo por las autoridades competentes o con fines de investigación.
También se prohíben nuevas inhumaciones en los pabellones o áreas donde reposan o puedan reposar CNI o CINR o sus restos, sean sepulturas en tierra, bóvedas u osarios comunes.
“En caso de requerirse nuevas inhumaciones CNI o CINR, realizarlas en bóveda individuales, en este o en otro cementerio de la ciudad, con la inscripción de los registros correspondientes de conformidad con las normas vigentes y garantizar su adecuada conservación y custodia”, menciona el auto revelado por la JEP.
En este trámite se vincula, en calidad de interesadas, a la administración del Cementerio Central de Cúcuta y a la Alcaldía de Cúcuta, que serán responsables del cumplimiento de las anteriores medidas; así como a la Gobernación de Norte de Santander, en los términos que se especifican en la consideración 102 de esta providencia.
¿Cómo se llevó a cabo el proceso?
En junio de 2020, Navas Hernández junto a otras personas, suscribieron una petición ante la JEP informando la exhumación irregular de cuerpos de personas no identificadas (CNI) e identificadas no reclamadas (CINR) y posterior traslado en el mismo cementerio.
El mes pasado, Navas reiteró la petición presentada en 2020, pero esta vez añadiendo que entre el 10 y 13 de octubre “se estaba desarrollando una indebida manipulación de los cuerpos y restos óseos correspondientes a CNI que se encuentran en el cementerio”.
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La Consejera de Paz, Reconciliación y Convivencia Departamental de Norte de Santander señala en la nota enviada a la JEP que dicho traslado de cuerpos se dio por orden de la secretaría de Gobierno, añadiendo que fueron exhumados en bolsas negras, las cuales posteriormente, según ella denunció, “desaparecieron”.
“Como soporte de sus afirmaciones, adjuntó dos fotografías donde se observa un número importante de bolsas negras esparcidas en el suelo del que sería el cementerio de Cúcuta, indicando que las bolsas corresponden a cuerpos retirados de las bóvedas”, se lee en el documento revelado por la JEP.
Por la denuncia adelantada desde el año anterior, los implicados que revelaron la situación solicitaron protección para ellos y sus familias.
¿Qué dice la administración municipal?
En octubre, cuando se hizo público el caso de traslado de cuerpos al interior del Cementerio Central de Cúcuta, el movimiento de los cuerpos se fundamentó en la caída de un muro del Campo Santo debido a una construcción aledaña, la cual fue señalada de ilegal.
En ese entonces, en declaraciones a medios de comunicación, el secretario de Gobierno de Cúcuta, Cristian Buitrago, argumentó que “la administración del cementerio se ve en la obligación inmediatamente de hacer la exhumación de estos restos esqueléticos y depositarlos en bolsas de acuerdo como establece la norma”.
Hay que aclarar que si bien la JEP vincula en calidad de interesados a la Administración del Cementerio y a la Alcaldía de Cúcuta, el manejo de lo que sucede en el campo santo recae sobre una junta establecida hace más de 56 años.
El mes pasado, La Opinión descubrió que desde 1965 está vigente el Acuerdo 014 en el que quedó consignado que las decisiones sobre el cementerio recae en una junta integrada por la Personería (con un miembro) y por el Concejo (con tres miembros), lo que quiere decir que en el papel les corresponde a estas dos entidades brindar las soluciones que se requieren.
Ante esto, en el Concejo se ha evaluado derogar tal decreto, pero a la fecha la Junta sigue vigente.
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