Luego de que el Hogar de Paso ubicado en el barrio Comuneros resultara afectado por un incendio en octubre de 2020, la Secretaría de Infraestructura de Cúcuta anunció que avanzan las obras de adecuación y mantenimiento de este espacio que iniciaron el 19 de abril pasado.
Pese a que el lugar había dejado de funcionar, desde la administración municipal se adoptaron medidas para garantizar la atención a los niños, niñas y adolescentes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Secretaría de Gobierno que funciona como operador.
“La restauración del Hogar de Paso nos permite seguir trabajando para garantizar el acceso a derechos a todos los menores que sufren vulneraciones. La tarea también la hemos desarrollado desde las etapas de prevención gracias a un trabajo conjunto con los actores sociales y políticos que tienen competencia en el tema”, precisó el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, los trabajos en el lugar tuvieron una inversión de $269.303.357, recursos gestionados mediante cooperación internacional y que consisten en mejorar la cubierta, montar un nuevo cielo raso, realizar mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, pintar e instalar el sistema de voz y datos.
Este Hogar de Paso acoge a niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años de edad, cuyos derechos son amenazados y/o vulnerados.
Sobre el trabajo en el lugar, el secretario de Gobierno de Cúcuta, Cristian Buitrago destacó que a este sitio llegan los menores de manera transitoria para proteger sus derechos con las valoraciones del Centro de Atención Psicosocial (CAP).
“Cuando la Comisaría de Familia recibe algún tipo de queja o denuncia sobre maltrato o violencia intrafamiliar y en la valoración del CAP se advierte que hay que proteger los derechos del menor, es necesario llevarlo de manera provisional a este hogar de paso para tenerlo ahí máximo de 10 a 14 días en los que se les tiene que resolver la situación para garantizar sus derechos”, explicó el funcionario.
Asimismo, aclaró que si la situación es muy extrema, se debe poner al menor en manos del ICBF, para que lo mantengan mientras se resuelve la situación entre los padres.
Buitrago aclaró que se brindan todas las garantías para los menores, pues esto hace parte de la protección de los derechos humanos, tema en el que trabajan en varios aspectos.
“Establecimos un lugar que ha sido un punto de referencia, que es el CAP, donde tenemos psicólogos y trabajadores sociales de la Secretaría de Gobierno, quienes hacen toda la valoración técnica de cualquier tipo de violación de derechos humanos”, puntualizó el secretario.
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