Admiro profundamente el trabajo de Los Danieles, en especial el de Daniel Coronell. En un país donde tantas veces la justicia se diluye, su periodismo ha sido un contrapeso moral, una voz necesaria que, al menos desde la denuncia, impide la impunidad total. Pero también creo que su programa dominical en YouTube, por momentos, se deja atrapar por el ruido de la coyuntura y el inmediatismo. Su reacción frente al llamado “decretazo” del presidente Petro —el decreto que convocaba una consulta popular sobre la reforma laboral, tras el bloqueo sistemático en el Congreso— es un ejemplo claro. Tanto ellos como algunos renombrados constitucionalistas advirtieron sobre una supuesta deriva autoritaria por parte del gobierno.
El decreto en cuestión (0639 del 11 de junio) fue suspendido por el Consejo de Estado al no contar con el concepto previo del Senado, como exige la Constitución. Y está bien que existan esos controles. Pero también hay que decir que el presidente no los desconoció: no cerró el Congreso, no desobedeció a la justicia, no reformó la Constitución a la fuerza. Lo que hizo fue intentar una vía legal —aunque polémica— para someter a consulta ciudadana una reforma que había sido archivada mediante una maniobra turbia: la Comisión Séptima la enterró sin siquiera discutirla.
Aquí es donde asoma la contradicción del centro político colombiano: se aferra a las formas institucionales con una devoción casi litúrgica, pero ignora cómo esas mismas formas se manipulan para mantener privilegios. Se escandalizan por el decreto, pero no por el archivo silencioso. Claman por proteger las instituciones, pero callan cuando estas son usadas para bloquear la deliberación democrática.
La historia demuestra que los avances en justicia social no son fruto de una evolución institucional progresiva, sino de presión, conflicto y ruptura. La educación pública, el voto femenino, el aborto legal, la salud como derecho: nada de eso se obtuvo respetando los tiempos del poder. Todo fue conquistado enfrentando resistencias. El NHS (National Health Service, o Servicio Nacional de Salud) en Reino Unido no surgió por acumulación técnica, sino tras una guerra mundial y la presión del Partido Laborista. En Estados Unidos, el Movimiento por los Derechos Civiles logró victorias como Brown v. Board of Education (Brown contra la Junta de Educación, fallo que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas) o el Voting Rights Act (Ley del Derecho al Voto, que prohibió las prácticas discriminatorias en las elecciones) después de décadas de lucha, no por la buena voluntad de las instituciones.
Eso no quiere decir que las instituciones no importen. La separación de poderes y el respeto a la Constitución son pilares democráticos. Pero se necesita mayor claridad y ponderación para entender hasta que punto la propuesta de consulta popular es mas una estrategia del gobierno Petro para presionar al Congreso para que legisle y no un intento de concentrar poder para perpetuarse.
La moderación que no sacude al poder hegemónico —ese que se disfraza de sentido común— no es neutral: es profundamente política. Y no precisamente en el sentido emancipador del término. El sentido común, construido por quienes se benefician del orden existente, suele presentar como inviable todo lo que amenace sus privilegios. Por eso, el cambio real exige desafiarlo. Exige tensionar las formas, incomodar los consensos vacíos, y sobre todo, imaginar nuevas maneras de resolver los problemas que las viejas estructuras ya no pueden ni quieren enfrentar. La historia no avanza repitiendo lo que ya fue aceptado, sino apostándole a lo que aún no tiene nombre. Y eso, aunque suene radical, es lo más democrático que puede hacerse.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
