Se ha vuelto costumbre que la protesta ciudadana, en cualquier sector que se observe, se convierte en un factor de perturbación enorme para todos aquellos que pretenden mover la economía, rebuscarse el ingreso diario, o simplemente cumplir con los compromisos personales, muchas veces en donde está involucrada de manera apremiante la salud.

La protesta es legítima, derivada además de un derecho constitucional; pero los derechos de las demás personas tienen igual legitimidad y también requieren de especial protección por parte de las autoridades, ya sea nacionales o locales, pues no se puede pretender que por ejercer un instrumento de reclamo, éste tenga que hacerse con el atropello a otros ciudadanos, que casi siempre nada tienen que ver con los acontecimientos, pero que se encuentran frente a situaciones de hecho que los paraliza en cualquier actividad que pretendan desarrollar y muchas veces los exponen a las consecuencias del desorden que se ha propiciado.

Que en lo que va corrido del año ya se hayan registrado 624 bloqueos de vías fundamentales, constituye una cifra aterradora, que además se complementa con un estimativo de pérdidas que llega a los 1,7 billones, a lo cual se agrega que en ese mismo periodo 130 empresas han entrado en ley de insolvencia, por las penurias económicas que sufren.

Es importante que se haga claridad sobre cómo va a ser el manejo de estas situaciones; que se diga hasta dónde llega el derecho a la protesta, y también que se tenga claro en qué momento opera la intervención del gobierno para restaurar el orden. Los protocolos de actuación tienen que estar muy bien definidos, lo mismo que los instrumentos que se van a utilizar para aplicar a un bloqueo. Unas llantas atravesadas o un par de vehículos parqueados en la mitad de la vía no pueden generar un estado de cosas como los que se presentan, sin que nadie pueda hacer nada.

Un grupo de personas no puede, con la pretensión de que la protesta se ejerce sin límites, llegar a vulnerar los derechos de los demás y causar toda clase de atropellos y generar incalculables pérdidas a los afectados, desequilibrando el normal desarrollo de la economía nacional.

Fuera de eso resulta evidente que, al registrarse este tipo de hechos, en donde no es posible derivar consecuencias para quienes resulten responsables de los excesos utilizados, constituye un pésimo ejemplo para todos los que quieren utilizar las vías de hecho para que sean oídos.

Salta a la vista también la falta de un componente de acercamiento y comunicación con quienes demandan mejoras en sus actividades, para evitar que las circunstancias lleguen a esos extremos, en donde habrá que partir de la base de una mesa de diálogo que no va a estar en capacidad de producir conclusiones rápidas. El sistema productivo no puede seguir expuesto de semejante manera.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion  .