La comunidad universitaria vinculada al sector público ha tenido que verse sometida a una inestabilidad absurda que ha generado conflictos internos, desordenes externos, suspensión de clases y grave mengua en su gobernanza.

La falta de criterios claros, que chocan con intereses personales, políticos y no se sabe si económicos, han provocado disputas extremas a la hora de elegir las directivas en diferentes universidades estatales.

Los estudiantes señalan que se debe obedecer a la mayoría expresada por ellos, así no participe la mayoría; lo mismo dicen los profesores y seguramente el personal administrativo también tiene su propio criterio, al que se suma la opinión particular del gobierno, que es en últimas el dueño de la institución.

Articular esos intereses ha sido un tema bien difícil, que ha ocupado a juzgados, tribunales y hasta el propio Consejo de Estado, que termina desvinculando rectores, otorgando garantías a otros ya desplazados, y siempre tomando decisiones en medio de una comunidad que de plano entra a desconocerlas, argumentando la violación a la autonomía universitaria, que es precisamente el elemento que no sale a flote nunca, pues la autonomía no puede estar en cabeza de uno solo de los sectores que integran la comunidad universitaria, sino de todos, del conjunto de sectores que la integran y que tienen derecho a opinar y a formar parte de las decisiones que finalmente se tomen.

Esta situación no puede continuar así, pues ya se convirtió en un problema de orden público muy difícil de controlar, que además es aprovechado por fuerzas extremas y extrañas a las comunidades universitarias, con el fin de lograr objetivos políticos y hasta delincuenciales, afectando la vida de los ciudadanos y colocando en peligro la seguridad de las personas.

Por otro lado, al ministerio de Educación le ha hecho falta jugar un papel más participativo en el tema, de tal manera que llame a la concertación y a la facilitación de un proceso que esté en capacidad de integrar las diversas posturas, para que sea posible diseñar un estatuto que evite los conflictos y que garantice los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria.

La universidad pública juega un enorme papel en los objetivos del desarrollo humano del país, y resulta ser de una enorme prioridad que su funcionamiento esté acorde con las debidas garantías y que a los estudiantes se les puedan brindar los elementos idóneos en su dirección y conducción.

Cada vez vemos que surgen fenómenos perturbadores, lo que nos lleva a preguntar ¿En dónde está el organismo rector del sector que entre a clarificar las situaciones y que esté en capacidad de evitar los desenlaces lamentables que observamos?          

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