Hace unos días el gobierno nacional radicó la mal llamada “Ley de solidaridad sostenible” que no es otra cosa que una anti-reforma tributaria. Lo expreso en esos términos por cuanto las reformas tributarias deberían ser para generar equilibrios sostenibles en las finanzas del Estado. Para incentivar riqueza, emprendimiento, aumentos de salarios, empleo, confianza inversionista, redistribuir de manera justa la riqueza de la sociedad y con ello consolidar los objetivos del Estado como instrumento de optimización de la dignidad humana.
Pero el esperpento presentado por el gobierno es todo lo contrario a esa concepción optimista. Si bien casi siempre las reformas tributarias en Colombia han sido motivadas para generar mayores ingresos y cubrir déficits fiscales, para exonerar a ciertos sectores económicos y sociales de gravámenes para incentivos de diversa índole, la actual reforma es un hito en la historia de la Hacienda Pública en exorbitancia y regresividad.
En plena pandemia que ya cumple más de un año, con cierres drásticos cada cierto tiempo en la mayoría de ciudades, con contagios en aumento, con más de dos millones y medio de casos positivos confirmados de personas contagiadas con COVID-19 hasta la fecha, con más de sesenta y siete mil muertes, con actividades económicas restringidas o sin certeza para operar; el gobierno en lugar de plantear alivios tributarios sostenibles para poder salvar las empresas en Colombia lo que plantea es una anti-reforma tributaria para aumentar impuestos que recaerían en gran parte en los hombros de la clase media.
Es irrisorio tratar de justificar una reforma tributaria como de “solidaridad sostenible” cuando se plantean 163 artículos que en nada la evidencian y por el contrario propone cuestiones injustas como: IVA del 19% en servicios públicos de agua, luz y gas para estratos 4, 5 y 6; IVA para la prestación del servicio de internet a partir del estrato 3; IVA a los servicios funerarios y de cremación; peajes en las ciudades a criterio de las administraciones territoriales; IVA a la gasolina y al ACPM; IVA a computadores, celulares y tabletas que hasta hoy han estado excluidos de gravámenes; impuesto de renta para ingresos superiores a dos millones cuatrocientos mil pesos aproximadamente con gradualidad de ir disminuyendo la base gravable para ingresos inferiores; disminución del presupuesto en la mayoría de sectores administrativos como por ejemplo educación y salud salvo el de defensa y seguridad; modificación de la condición de bienes de la canasta familiar de exentos a excluidos como serían la leche, los huevos, la carne, el pollo, entre otros, lo que traería incrementos en sus precios por la imposibilidad del productor de compensar o deducir este gravamen; la imposición transitoria del impuesto a la riqueza; entre otros tributos.
Esa es solo una pequeña radiografía de lo que vendría si el Congreso y la ciudadanía no se activan desde ya para evitar que se apruebe esta regresiva reforma que lo único que haría es seguir afectando la legitimación política del Estado colombiano frente a sus ciudadanos, violar la cláusula de Estado social de Derecho del artículo primero de la Constitución, la confianza y certeza jurídica. No hay agenda social que justifique en el corto plazo este tipo de reformas tributarias en contexto de pandemia por lo que de seguro generará mayor conflictividad y movilización social.
Debemos hacer presión ciudadana y recordar lo que decía el analista Ariel Ávila hace unos días sobre que aquellos que en el pasado decían que preferían comer “mierda” con Uribe que votar por Petro ahora tendrán la oportunidad de deleitarse con ese manjar uribista.
