Estaba cantada la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Era una de las cartas de la baraja política del presidente Donald Trump y de su obsecuente secretario de Estado Marco Rubio.  Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico montaron la operación armada en el Caribe y el Pacífico, surtida de misiles, barcos y aviones para operaciones bélicas y personal experto en acciones de agresión. Los bombardeos a lanchas de navegación corriente en los mares ocupados, pero estigmatizadas con la sospecha de estar destinadas al trasporte irregular de alucinógenos pusieron en evidencia los fines presupuestados por el gobierno de Trump. Era de su interés montar ese entramado con la finalidad de apoderarse de recursos propios de Venezuela.

Desde los comienzos de las violentas acciones ejecutadas por Estados Unidos se advirtió la turbidez de las mismas. Tenían el sello de la arbitrariedad. Eran contrarias al derecho internacional y configuraban la negación de principios que garantizan el respeto a la independencia de las naciones y la preservación de su soberanía.  Toda injerencia extranjera resulta nociva y no puede tener cabida en las relaciones de coexistencia democrática. Pero bajo el absolutismo de Trump eso parece no contar.

Tanto es así que ayer se materializó el asalto previsto. Venezuela fue bombardeada y su presidente reducido a secuestro bajo acusación tejida al antojo de autoridades que violan el debido proceso y obran con la ligereza de las prevenciones que estiman útiles a las tramas que montan.

Lo consumado por Estados Unidos en Venezuela es contrario al derecho. Es el ultraje a una nación merecedora de respeto a su autonomía. La injerencia en los términos con que ha procedido el gobierno gringo no puede tener cabida en un orden de legalidad que cuenta en el conjunto de la comunidad

internacional.

Acciones como esas perturban el orden internacional. Generan inestabilidad y rompen la seguridad que debiera predominar universalmente.

Los efectos negativos de la agresión a Venezuela no pueden ser indiferentes para Colombia, tanto más cuando el señor Trump ha escogido a nuestro país como objetivo de sus tropelías. La descertificación impuesta bajo la presunción de no estar combatiendo con rigor a las mafias del narcotráfico y las sanciones aplicadas con alevosía contra el presidente Gustavo Petro, hasta incluirlo en la lista Clinton, ponen de presente una fijación inamistosa, a pesar de todo cuanto Colombia ha contribuido en la lucha contra el narcotráfico.

Lo que representa la agresión a Venezuela no es solamente contra ese país. Afecta en su conjunto a la región latinoamericana. Y esto obliga a no dejarse intimidar. América Latina debe responder con entereza a las pretensiones colonialistas con que Trump pretende someter a los países quie no le son sumisos.

La región no está para padecer las arrogancias imperialistas de Trump, quien piensa más en sus intereses hegemónicos que en el desarrollo de las naciones que hacen parte de un continente que requiere políticas a la medida de sus metas de bienestar para su población. No es tiempo de vasallaje.

Puntada

Son muchos los aspirantes a la Presidencia de Colombia. Pero son pocos los que tienen propuestas claras para trazarle el rumbo que la nación requiere.

ciceronflorezm@gmail.com

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