Los problemas que afectan a los colombianos y que degradan a la nación no son nuevos. Muchos de ellos están vigentes desde hace tiempo. Son recurrentes, con la indiferencia de quienes han tenido el manejo del poder.

Los mismos que hacen alianzas con sectores empeñados en impedir soluciones y en cambio sostener un statu quo de atraso para preservar intereses excluyentes y privilegios clasistas, sin importarles los efectos negativos generados con esa discriminación.

Así se han consolidado las brechas causantes de perturbaciones desgarradoras por los desequilibrios que surten en el conjunto de la comunidad.

Una de las malas puntadas en el tejido de la nación es el desatinado reparto en la propiedad de la tierra, a lo cual se llegó por la imposición de un régimen feudal que le abrió paso al despojo mediante el uso de la fuerza y a trámites abusivos revestidos de legalidad. En no pocos casos los campesinos fueron sacados de sus predios a sangre y fuego.

El gamonalismo se impuso sobre el derecho y el desalojo tomó fuerza. Ese lastre comenzó con los españoles que llegaron como conquistadores y arrebataron asentamientos legítimos a los indígenas para incorporarlos como bienes propios. Las secuelas de ese entramado es la violencia que a partir de allí se genera hasta extenderse como un mal crónico con todas las formas de exterminio y bajo diferentes patrocinios y finalidades de utilidad económica.

La violencia representa uno de los males más devastadores de la nación. Los grupos armados con la identidad de guerrilla o de paramilitarismo se convirtieron en causas criminales asociadas al narcotráfico y a otros clanes de negocios ilícitos. Cuentan con aliados en sectores políticos y hasta de empresarios movidos por la codicia.

Y aunque no faltan los reclamos por la situación de inseguridad, muchos de los que alzan la voz tienen un doble rasero por su contradictoria conducta. Otro gran entramado que tiene peso de aniquilamiento es de la corrupción. Está configurado en el asalto a los recursos públicos en los diferentes rubros. La salud, la educación, las obras de infraestructura, de servicios públicos, de seguridad y de otros campos.

Y es aterrador comprobar que en esas operaciones están involucrados congresistas y dirigentes políticos de cuello blanco, empresarios y no faltan los que andan predicando respeto a la institucionalidad y hasta se declaran alineados con la democracia. No es un problema menor el menosprecio a la ética pública.

La suma de tantas necesidades insatisfechas es la desigualdad social que alcanza niveles desproporcionados. Claro está que frente a ese enorme déficit que registra el país los colombianos han tomado conciencia y está en crecimiento la inconformidad con demandas de cambio. Se demandan soluciones que hagan realidad el Estado Social de Derecho como está consagrado en la Constitución.

La democracia no puede seguir siendo una ficción. Debe tener expresión funcional en la existencia de los colombianos. La democracia para salir de la pobreza y de los acumulados quebrantos que afectan la nación.

Por eso las elecciones de 2026 deben cumplirse con toda transparencia para que los ciudadanos decidan en libertad sobre quien los gobierne. Un proceso sin compra de votos y en el cual predomine la voluntad de superar el Estado fallido que se hizo tradicional en más de dos siglos.

Puntada

Los 65 años de la Universidad de Pamplona es un hecho que Norte de Santander debe celebrar con entusiasmo, dada la importancia de contar con una institución de enseñanza superior con calidad consolidada. El rector Ivaldo Torres ha asumido la responsabilidad de seguir fortaleciendo su nuevo desarrollo.

ciceronflorezm@gmail.com

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