La dictadura de Maduro comienza a prever la importancia que tendría un eventual reconocimiento internacional en lo referido a las elecciones del próximo 6 de diciembre donde se renovarían los escaños de la Asamblea Nacional legislativa. Así, pretende ahora abrir el espectro político para que la oposición fragmentada pueda participar en estas cuestionadas contiendas y así comenzar a lavar su imagen de autocracia socialista.
La cada vez más fragmentada oposición al régimen de Maduro había acordado en su gran mayoría a través de la Mesa de la Unidad Democrática no participar de estas elecciones. En principio es entendible esta decisión considerando los atropellos, violaciones, desconfianza y anulaciones que el régimen ha dictaminado a través de otros órganos del poder público como el Tribunal Superior de Justicia para destruir cualquier raíz de contradictores y por supuesto con lo que hasta hoy ha sido el inoperante trabajo jurídico y político de la actual Asamblea Legislativa.
Empero, se vislumbra la posibilidad de una veeduría internacional que tendría que ser confirmada por la Unión Europea, con otros países que generen confianza entre las fuerzas políticas en Venezuela y el régimen para que la posible participación democrática de una parte o gran parte de la oposición se pudiese dar para lograr unos espacios importantes del poder público en Venezuela y que no sean subsumidos por el régimen.
Entiendo que no es fácil el tema pero al menos se podría intentar estrategias diferentes por parte de la oposición para no permitir la concentración absoluta del poder público en manos de Maduro. Las estrategias usadas hasta ahora por la oposición no han cumplido los cometidos buscados desde muchos años: sacar a Maduro del poder y con ello que se logren unas elecciones libres donde todas las fuerzas políticas pudiesen participar en igualdad de condiciones.
Más aun, llamarse Mesa de la Unidad Democrática no va en sintonía con la apuesta de algunos miembros de la oposición venezolana que no esconden la intención de lograr una gran fuerza internacional armada en cabeza de los EE.UU. que lleve a derrocar la dictadura y con ello se dé el cambio constitucional y democrático esperado por Venezuela.
La otra estrategia del proclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó cada vez es más inoficiosa. El tiempo se acaba y no se han dado los resultados esperados como lo anunciaron en enero del año 2019 cuando en aplicación del artículo 233 de la Constitución venezolana se auto-proclamaba presidente interino de su país y con ello pretendía la desobediencia civil y pública hacia el régimen de Maduro.
Es lamentable que Colombia haya tomado una postura injerencista desde hace años en la caótica situación política de Venezuela. Ahora habría sido el momento ideal para que el gobierno colombiano hubiese podido desplegar una estrategia diplomática respetuosa del Derecho Internacional para ayudar, acompañar y facilitar un proceso serio, con veeduría internacional, de participación democrática que permitiese recuperar de manera gradual el constitucionalismo democrático allí.
Solo resta analizar con minucia la propuesta y el trabajo que viene realizando otro líder relevante de la oposición venezolana como es el exgobernador de Primero Justicia Henrique Capriles quien ha venido -en representación de una parte importante de la oposición- negociando con la dictadura para lograr liberar prisioneros políticos y levantar “inhabilidades políticas” de miembros de la oposición; posponer las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre; o al menos lograr que en dichas elecciones exista unos observadores imparciales como sería la Unión Europea y otros países para que una eventual participación de la oposición no se convierta en un fenómeno que legitime la dictadura de Maduro. El tiempo corre y con ello el sueño de un real cambio político y constitucional en Venezuela.
