La palabra político significa en su aceptación original ciudadano. Hoy en día debido a los diversos engaños que la mayoría de políticos han hecho a la sociedad que han representado dicho término ha adquirido otro significado: embaucador de ciudadanos (Voltaire, 1739).

La política debe pensarse. Tan básico argumento muchas veces se pierde de vista al momento de analizar los proyectos de liderazgo que van apareciendo en la escena electoral. Por ello para esta reflexión es vital apoyarse en la filosofía para clarificar mejor esta cuestión. El filósofo no es el “sabio” tradicional como suele considerarse sino aquel que duda del conocimiento actual y pone su mayor esfuerzo en usar la razón y sentido común para lograr una sabiduría transitoria.

Pero como afirmaba Voltaire –uno de los pensadores más influyentes de la ilustración– “ni cien filósofos con sus metafísicas podrían influir tanto en las costumbres de las calles como lo haría una persona elocuente, hábil y prestigiosa”. Es decir, no solo es filosofar sino también ser paradigma de confianza para influir de manera determinante en aquellas costumbres “indeseadas” en una sociedad.

Pensemos por ejemplo en el Congreso de Colombia. Es el órgano de representación política y democrática por excelencia. En los últimos años ha perdido su norte político y competencial para materializar los cambios jurídicos que requiere la sociedad. Han sido paradójicamente nuestros jueces constitucionales quienes han venido a suplir de manera parcial esa “inacción” decisoria de este órgano tan importante como cabeza de legislativo.

Hoy escasean los debates de otrora en el seno del Congreso. La dialéctica legislativa donde el influjo de ideas contrapuestas de los diferentes congresistas permitía forjar o surgir las ideas síntesis que le daban influjo a las necesidades políticas, sociales, tecnológicas, y colectivas de la sociedad no existe en la actualidad.

¿Estaremos entonces ante el gobierno de los jueces? Un gobierno de facto que poco a poco ha venido no solo quitando protagonismo al Congreso, sino además ha sido “activista” en materia de Derechos Humanos y demandas sociales. Gobierno de los jueces no por golpes de Estado o revoluciones, sino como aplicación de poder del principio constitucional de supremacía de la Constitución; si la Ley no desarrolla los contenidos de la Carta fundamental el juez constitucional debe hacerlo vía interpretación.

¿Estaremos ante una hecatombe? Por ahora no. La Corte constitucional por ejemplo ha sido equilibrada y a través de sus competencias ha posibilitado reformas constitucionales parciales necesarias como: el acuerdo de paz, la eutanasia, los derechos y la igualdad de género, los derechos políticos, la reglamentación del consumo de la dosis mínima, la protección del Medio Ambiente, etc.

En ese sentido, la más reciente decisión de la Corte donde ordena reconocer la personería jurídica al Nuevo Liberalismo es de la máxima importancia democrática. Esta es desde luego una decisión que debía adoptar en primera medida el Congreso con una reforma política ambiciosa pero debido a su “desidia legislativa” tuvo que ser por la vía de tutela por parte de algunos ciudadanos para que pudiera lograrse esa trascendental decisión jurídica.

El filósofo inquieto, ignorante, que busca el conocimiento y la verdad ya no reside al parecer en el Congreso. Por ello temas como la reforma política, en salud, en pensiones, en justicia y en materia de tributos progresivos seguirá dependiendo de los criterios de justicia y equidad de nuestros jueces constitucionales. Ojalá estos no abusen de este poder y los ciudadanos con sus decisiones ayuden a que el Congreso cambie y con ello su activismo constitucional.