Al unísono los periodistas decían que el Estado no debía pagar ni un céntimo, que eso era responsabilidad de las Farc. 

Y sí: La responsabilidad de la acción terrorista es los señores de las Farc. No me cabe duda de eso, y nadie  en sano juicio puede concluir otra cosa. 

Pero la omisión, según se narra en la sentencia, sí es responsabilidad del Estado, principalmente, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como paso a exponer y según leo en la sentencia. 

Primera prueba: Un ex detective del DAS, desvinculado de esa institución varios años atrás, se acercó a una sede de la Fiscalía para denunciar, varios días antes del atentado, que uno de los que en su momento eran “soplones” pertenecientes a las Farc, le había dicho que se planeaba poner una bomba en el club. ¿Qué hizo la Fiscalía con esa información? Nada. Lo mismo que hace con el 80% o 90% de las denuncias que se presentan. Absolutamente nada. 

Es decir, en el proceso judicial que se llevó, y que culminó con la sentencia que comento, queda probado que dicha denuncia se presentó, y que quien la presentó era una persona a la que debía creérsele, pues había sido investigador del DAS con serias y profundas  conexiones con las Farc, pues su trabajo así lo exigía. ¿Por qué el funcionario de la Fiscalía “engavetó” la denuncia? 

Es más, el país debería exigir que la Fiscalía diga quien fue el sujeto que tomó la decisión de no darle trámite a esa denuncia, y que – eventualmente- se abra una investigación penal para revisar su actuar.

¿Era cómplice de las Farc? ¿Era un despistado, hijo de un ex senador que estaba en ese cargo por favores políticos, pero no tenía la capacidad de discernimiento que requiere un cargo de esos? 

¡Que nos expliquen¡

Segunda prueba: Una investigadora del CTI, del grupo antiterrorismo, tenía estrecha relación con una persona que hacía parte de las Farc y que, de tanto en tanto, le hacía saber de acciones que ese grupo terrorista pensaba perpetrar. 

Siempre le había dado información adecuada, lo que permitió obtener positivos. 

Pues bien, el soplón de las Farc le contó a la investigadora que ese grupo - que él conocía, pues lo conformaba-  estaba armando un atentado. Dio pistas, dio pruebas. Incluso entregó números de teléfono y el nombre del integrante de las FARC que perpetraría el vil acto. 

La investigadora del CTI, al ver la gravedad de los hechos, escaló la información a sus superiores. ¿Qué hicieron los superiores con esa información? Nada. Absolutamente nada. Mejor dicho, lo que hizo la Fiscalía con su desidia, burocracia, y omisión fue facilitar el vil y cobarde ataque. 

Vale la pena que se debata el tema a fondo. 

Y se debe reformar la Fiscalía a fondo, pues lo que pasó en el caso del Nogal no dista mucho de lo que pasa hoy en día, en otros asuntos,  en esa paquidérmica y lacónica  institución.