Los sucesos que vienen dándose en Colombia cada vez sorprenden más. Los ciudadanos no confían sus representantes por las decisiones inauditas que han tomado en los últimos meses. En plena pandemia la mayoría de gobernantes no se han concentrado en contrarrestar los efectos económicos y sociales que esta ha traído sino por el contrario han actuado con base en criterios morales reprochables.

El bombardeo hace unas semanas a un campamento de un grupo ilegal de disidencias en la selva del Guaviare en jurisdicción del municipio de Calamar genera escozor. No por la operación militar necesaria para garantizar la seguridad sino por la presencia de menores de edad que habían sido reclutados por el grupo ilegal.

Además de la triste muerte de tres menores identificados por Medicina Legal están las declaraciones del Ministro de Defensa Molano cuando se le preguntaba por este episodio. Para el Ministro los menores se encontraban en el campamento por mera voluntad sin considerar las condiciones particulares posibles de reclutamiento forzado de cada uno y obviando de manera preocupante la protección especial que el D.I.H. establece en estas situaciones de conflicto armado. Al parecer la fuerza pública y el Ministro tenían conocimiento previo de estos reclutamientos por alertas anteriores de la Defensoría lo que implicaba el máximo cuidado al momento de efectuar cualquier operación militar aérea. 

El Estado en cabeza de su Ministerio de Defensa tenía que desarrollar el máximo cuidado para garantizar la protección de la vida de estos menores y evitar darles de baja en ese operativo aéreo. Es claro que para el Derecho Penal Internacional esta operación militar donde fallecieron tres menores de edad podría implicar una violación grave sancionable. Lo mas inaudito es lo que mencionaba el Ministro Molano para justificar el bombardeo al afirmar que “esos menores de edad eran máquinas de guerra y que no se encontraban allí haciendo capacitaciones para el Icfes”.

Otra situación deplorable es la relacionada con el caso de Jineth Bedoya en sede del Sistema Interamericano de Protección de DD.HH. Este caso de gran importancia histórica para evitar la impunidad por crímenes de violencia de género, contra la libertad de expresión, de información y de prensa; ha generado un rechazo nacional e internacional sin precedentes. El Estado no ha mostrado voluntad real de reparar a la víctima, por el contrario ha mostrado torpeza procesal al intentar recusar a los jueces de la Corte Interamericana por mostrar empatía con el sufrimiento que ha vivido la víctima desde hace mas de veinte años por la impunidad de las actuaciones criminales de agentes del Estado en connivencia con grupos ilegales.

Las preguntas que surgen son: ¿son estos patrones comunes de conducta de un gobierno miope que no entiende la importancia del respeto y garantías que establece la Constitución a través de los diferentes tratados internacionales de DD.HH. aprobados por Colombia? ¿habrá una política deliberada desde el gobierno para que el Estado no respete estos tratados internacionales sin importar las sanciones que lo dejarían como un Estado violador de DD.HH.?

Por último, el proyecto de acto legislativo de hace unos días presentado al Congreso que pretendía alargar por dos años el período de los cargos públicos mas importantes del Estado sin convocar elecciones se convirtió en un claro irrespeto hacia el constituyente primario que es el pueblo. 

Estos son ejemplos de unas actuaciones inescrupulosas que generan el temor a una inminente “venezonalización” del Estado colombiano y con ello de un riesgoso rompimiento de la democracia constitucional por una minoría enquistada en el gobierno.