“Estamos al borde del abismo, pero hemos dado un paso adelante” decía un expresidente de Colombia en los años ochenta del siglo pasado. Eso pareciese que quisiera el presidente Duque y su partido de gobierno al olvidar que son ellos quienes están en el poder, que todo ese arsenal de odio y sevicia mediática que hicieron en el pasado cuando fueron oposición se les está devolviendo con creces.

Desde hacía mucho tiempo no se veía un Gobierno con tanto desdén para cumplir y respetar la Constitución; sin proyección social y económica; sin capacidad para unir la sociedad; y que genera niveles de temor sin precedentes en muchos ciudadanos por la posibilidad de que desde el mismo partido o partidos de coalición se busque romper la institucionalidad en Colombia.

El episodio de la renuncia del exFiscal General Néstor Humberto Martínez es cantinflesco. Renuncia por las razones equivocadas –debió hacerlo por el asunto de Odebrecht- dejando un manto de duda frente a la decisión judicial de la JEP de dar garantía de no extradición –por ahora- a Santrich. Nadie niega la maldad y criminalidad que puede representar este miembro de las Farc, pero incentivar extradiciones sin aportar a tiempo las pruebas pertinentes es propia de regímenes dictatoriales.

Más aun, considerando que desde la decisión en el caso de Santrich de primera instancia hay voces del propio gobierno que amenazan con la posibilidad de que el presidente Duque declare el Estado de excepción de conmoción interior con el ánimo de quitarle las competencias a la JEP, asumir funciones judiciales y extraditar a como dé lugar a Santrich.

Debe resaltarse que ninguna de las causales establecidas en la Constitución de Colombia para la declaratoria del Estado de excepción de conmoción interior se cumplirían por las razones aducidas hasta el momento por algunos medios de comunicación y mucho menos por no compartir el Gobierno la decisión de un tribunal de justicia reconocido en la Carta Política como la JEP. Una declaratoria de esta envergadura no pasaría el examen de constitucionalidad ante la Corte, dejaría al gobierno al borde de un colapso institucional y significaría el rompimiento del Estado social de Derecho.

En ese entendido, podría decirse que la declaratoria del Estado de excepción de conmoción interior en este momento seria volver al pasado, implicaría darle el papel de policía permanente al Estado; y podría ser imponer “la excepcionalidad como regla general” como diría Giorgio Agamben, donde podría darse la transmutación de un gobierno que nace democrático y degenera en una tiranía sin comparación en la historia política del país.

Por otra parte, también se ha mencionado por algunos miembros del partido de gobierno la posibilidad de una constituyente para “salvar el país”. ¡Otro disparate en zancos! Tanto que se pregonó en el pasado por muchos sectores políticos en especial los miembros del Centro Democrático sobre los temores al castro-chavismo con Gustavo Petro porque este planteaba una constituyente en campaña a la presidencia en el año 2018, ahora se vuelven una situación normal y válida porque surge de la entraña del Gobierno Nacional.

Colombia no necesita una constituyente para ser salvada, ni esta tampoco significaría una verdadera solución. Más bien sería lo más cercano a la forma de actuar del régimen de Maduro en Venezuela. Lo que necesita es pasar la página de la polarización, convocar a todas las fuerzas políticas para lograr un “Acuerdo Nacional sobre lo fundamental”, incluyendo a la oposición, pero dejando a un lado la idea de hacer trizas el Acuerdo de paz con las Farc. De otra manera el Gobierno seguirá estancado en lo mismo y no logrará cumplir las metas propuestas que al día de hoy son nulas.