Bogotá, (Colprensa)
La ONG Temblores en conjunto con el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) e Indepaz, presentaron el informe sobre la presunta violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública contra los manifestantes en el marco del paro nacional. Según las organizaciones al menos se han presentado 3.798 víctimas de violencia por parte de la Fuerza Pública.
Las organizaciones indican que ha habido 248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género.
Como resultado del informe piden al Estado Colombiano el desmonte de los Escuadrones Móviles Antidisturbios y prohibir total e inmediatamente el uso de las denominadas “armas no letales” o “de letalidad reducida”. Igualmente solicitan investigar “sobre la presunta existencia de un sistema de incentivos a los Policías por detenciones, judicializaciones y traslados por protección a manifestantes, a cambio de ascensos dentro de la fuerza pública”.
Las organizaciones, igualmente, piden al Estado “llevar a cabo una reforma estructural de la policía para ponerla a tono con los estándares internacionales de derechos humanos. Se debe tratar de una fuerza civil que no siga actuando bajo la lógica del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Esto implica entrenamientos con enfoque de derechos humanos y con perspectiva diferencial y eliminación de formas violentas de manejo de la protesta social”.
Además, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar una visita “que contemple una rigurosa investigación de la situación global de derechos humanos del país, que incluya sus verificaciones sobre los hechos de violencia por parte de la fuerza pública cometidos en el marco del Paro Nacional colombiano en el año 2021”.
Los “Traumas Oculares”
Según las organizaciones desde que inició el paro se han documentado 65 casos, “y seguramente hay muchos más de los cuales aún no se tiene información, por lo cual ya no se puede hablar de hechos aislados o accidentales”. De hecho, durante la presentación del informe la directora de Paiis, Juliana Bustamante, indicó que al parecer hay “un conocimiento tácito por parte de la Fuerza Pública de cómo accionar de forma errónea las armas llamadas no letales”.
El informe indica que “la producción de lesiones faciales, particularmente oculares, en personas que se manifiestan o que se encuentran en lugares donde se están presentando movilizaciones sociales, es una práctica relativamente nueva en Colombia, al menos en la forma sostenida que ha empezado a darse desde las manifestaciones de noviembre de 2019. En efecto, aunque este tipo de lesiones habían ocurrido en contextos similares anteriormente parecía tratarse de actos aislados, igualmente violatorios de derechos humanos, pero no indicativos, en su momento, de una práctica represiva deliberada”.
Además, el informe indica que “la práctica de lesiones oculares se produce por el uso inadecuado, generalmente deliberado, de armas no letales por parte de fuerzas de seguridad del Estado al reprimir el ejercicio de la protesta.
Esto quiere decir que al no utilizarse esas armas siguiendo las especificaciones propias de distancia y dirección para las cuales fueron previstas, los efectos inicialmente moderados que podrían producir terminan generando lesiones y daños graves e incluso permanentes en las víctimas. Aunque no se conoce un manual o instructivo que oriente la acción de la fuerza pública en este sentido, se ha identificado la cara y, particularmente los ojos, como objetivos de ataque efectivos en el propósito de sacar del escenario de la protesta a los y las manifestantes violentadas, mientras se genera miedo en quienes están participando en la protesta y en aquéllos que podrían salir a hacerlo”.
Según el documento “otro aspecto fundamental que profundiza la complejidad de esta violencia y que requiere un estudio detallado que deberá darse por un periodo más largo, es que las lesiones de este tipo están acompañadas de la producción de un trauma psicosocial. Esto se debe a que, además del efecto traumático del acto violento en sí mismo, se trata de lesiones visibles que alteran la forma en que la persona se presenta ante el mundo, quedando expuesta al juicio social y a profundas afectaciones a su autoestima y seguridad. Ese impacto emocional es parte del daño que se produce y debe incorporarse en todo el estudio de casos y en la ruta de atención que debe diseñarse para abordarlos”, agrega el documento.
Según el informe de las organizaciones durante el paro nacional (28 de abril hasta el 31 de mayo), se han registrado al menos 184 situaciones “en las que la Policía ha accionado armas de fuego en contextos de las protestas. En estos 184 hechos, 70 personas han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas, es decir, por lo menos el 37.7% de los disparos activados han sido direccionados directamente a los cuerpos de las personas manifestantes.
Además, documentamos 16 casos de disparo de arma de fuego en medio de zonas residenciales que pusieron en grave peligro a niños, adultos mayores y familias en general”
Las ONG advierten que “según los protocolos establecidos para el uso de los armamentos denominados de letalidad reducida, los disparos deben realizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el cuerpo de las personas manifestantes. Sin embargo, hemos evidenciado que la Fuerza Pública viola sistemáticamente estos protocolos y que, además, este uso de las armas de letalidad reducida aumentan las posibilidades de causar heridas permanentes y de causar heridas letales.
Esta práctica no ha ocurrido sólo durante el Paro Nacional del 2021, contamos con múltiples registros previos. Por ejemplo, el asesinato de Dilan Cruz en el 2019 fue producto de un proyectil disparado de manera directa e intencionada con una escopeta calibre 12 por parte de un uniformado del ESMAD; el proyectil impactó al joven de 18 años en la parte posterior de la cabeza, lo cual le ocasionó la muerte días después”.
Las organizaciones sostienen que han registrado 8 casos de disparos con arma Venom en zonas residenciales. “En las denuncias realizadas, que en su mayoría han correspondido a hechos acontecidos en horas de la noche, se registra el horror por el que han atravesado las personas que habitan en las zonas en donde se ha activado la Venom: proyectiles explotan en repetidas ocasiones muy cerca a sus ventanas y a sus techos, no sólo exponiendo a los miembros de las familias a ser víctimas de lesiones físicas, sino también generando graves afectaciones psicológicas debido a los estruendos y a la cercanía de los proyectiles disparados”.
Las organizaciones indican que se ha hecho lanzamiento indiscriminado de aturdidoras y gases lacrimógenos por parte del Esma en barrios residenciales y dentro de viviendas, lo que “ha afectado tanto a quienes están en el espacio público manifestándose o realizando cualquier otra actividad como a personas que se resguardan dentro de sus lugares de domicilio.
Por lo general, esta práctica se da en el marco de intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública, que ha entrado a los barrios residenciales a controlar y reprimir manifestaciones de maneras desproporcionadas e indiscriminadas, sin tener en cuenta las posibles afectaciones a los habitantes de los mismos. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio”.
