Margarita Cabello, procuradora general, se reafirmó en su rechazo a la posibilidad de que los agresores y abusadores de niños, niñas y adolescentes reciban una rebaja en sus condenas: ese es un beneficio que contempla el articulado de la reforma a la Justicia que está a punto de ser tramitado en el Congreso.
“No estamos en un momento para rebajar o reducir la importancia que deba dársele a las sanciones frente a delitos o crímenes cometidos contra los menores. Consideramos que la rebaja planteada no es un elemento fundamental para lograr decisiones en firme”, señaló la procuradora Cabello durante una rueda de prensa.
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Es que la reforma a la Justicia todavía no tiene ponencia para su primer debate; sin embargo, en su borrador quedó claro que se planteará la rebaja de penas para quienes cometan crímenes contra los niños, niñas y adolescentes.
Ya un grupo de cien congresistas firmaron para eliminar el artículo del borrador que propone beneficios de rebaja de penas para quienes incurran en estos delitos.
La reforma a la justicia es una apuesta conjunta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; de la fiscal Luz Adriana Camargo y de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La discusión arrancará por la Comisión Primera.
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“Esta iniciativa podría incentivar la percepción de menor gravedad de la sociedad para este tipo de delitos y eso es lo que no queremos. Desde la Procuraduría General de la Nación creemos que se debe mantener la legislación que está en el Código de Infancia y Adolescencia de respeto y de no aplicación de esas rebajas por lo que a los menores hay que protegerlos constitucionalmente”, añadió Cabello.
La discusión de una eventual rebaja en las penas para estos agresores ocurre cuando en Colombia se han registrado 375 casos de homicidios contra niños, niñas y adolescentes. El más reciente caso ocurrió en Bogotá, cuando un padre asesinó a sus hijos de cuatro y siete años después de una discusión con su pareja.
La insistencia de los autores de la reforma a la justicia es que esta iniciativa permitiría, de alguna manera, que incrementen los casos que puedan resolverse.
“A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país y este porcentaje tiene colapsado a los jueces. Necesitamos repensarnos muy bien, cuál es el sistema de justicia que tenemos, cómo equilibramos el problema de eficiencia con el problema de justicia desde el punto de vista retributivo”, había dicho la fiscal Luz Adriana Camargo.
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