A nada llegó la investigación que se seguía en contra del general de la Policía en retiro Humberto Guatibonza, por el caso de las denominadas “chuzadas”.

En abril de 2025, Guatibonza fue declarado inocente luego de que se determinara que no existían pruebas suficientes para vincularlo con los delitos de concierto para delinquir, interceptación ilegal agravada de datos informáticos y uso indebido de software malicioso. La acusación señalaba que presuntamente integraba una red dedicada a interceptar líneas telefónicas y realizar seguimientos para obtener información reservada.

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Según la Fiscalía, la organización habría sido conformada por exoficiales del Ejército y una exfuncionaria del Ministerio de Telecomunicaciones, quien supuestamente era el cerebro de la estructura, pues habría desarrollado el software utilizado para interceptar comunicaciones.

Sin embargo, la justicia concluyó que el ente acusador no actuó con la debida solidez investigativa y sostuvo que se trató de “una acusación profundamente imprecisa y abstracta”. La Fiscalía no estuvo de acuerdo con la decisión y por ello interpuso un recurso de apelación.

Pero esa apelación no pudo ser resuelta porque el caso ya prescribió. Ese plazo se calcula desde la imputación, que fue el 13 de septiembre de 2018. La ley fijaba un máximo de 6 años y 9 meses para que el caso avanzara, más 26 días adicionales en los que el proceso estuvo suspendido por un trámite de recusación. Con esa cuenta, la acción penal se venció por prescripción el 9 de julio de 2025, es decir, desde esa fecha ya no podía continuarse el proceso.

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