La Procuraduría General pidió a las entidades que tienen activos contratos con miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, la empresa que ganó el billonario contrato de los puntos de internet a escuelas con el cual se habrían perdido 70.000 mil millones de pesos, que inicien el proceso de cesión de los mismos y de no ser posible que renuncien a su ejecución.
El ministerio público identificó ocho contratos que están en ejecución con un alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, celebrado con la Unión Temporal Centros Poblados.
“Estos negocios jurídicos fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales”, señaló la Procuraduría.
En la visita al Invías encontraron cinco contratos que ascienden a $603.046.586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) donde documentaron dos por $17.696.394.301 y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con uno por $25.536.178.560.
Finalmente se amplió la acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se realice el mismo proceso en otras entidades del orden nacional, así como en las gobernaciones y alcaldías, con el fin de obtener el soporte de los contratos, procesos de selección, verificación de requisitos, pólizas, garantías y las acciones adelantadas con respecto a las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados 2020.
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