El más reciente informe presentado al Congreso por la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, como parte del monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, da cuenta de una alerta sobre preocupantes retrasos en su cumplimiento. ¿Qué debe hacer el Gobierno para cumplir con las millones de víctimas del conflicto armado?
El informe presentado por los entes de control revela que las acciones del Gobierno nacional aún son insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las millones de víctimas del conflicto registradas en el país.
El dato indica que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 hasta la fecha, solo se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14 % de las 9.409.808 personas inscritas para recibir su indemnización.
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En otras palabras, al ritmo que lleva la entrega de indemnizaciones, se necesitarían más de 100 años para cumplirles a todas las personas que hacen parte de este proceso y muchas fallecerían sin recibir el reconocimiento que tienen por derecho, como lo señaló el presidente Gustavo Petro.
“Procuraduría, Contraloría y Defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tienen razón. Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas”, aseguró.
Los recursos que nunca llegaron a las víctimas tienen un atraso en varios sectores como vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.
“Ha decrecido su participación en los subsidios de vivienda asignados pasando 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023 y la condición de pobreza monetaria y extrema de la población víctima es superior frente al total nacional”, señaló Luz Amparo Echeverry, contralora Delegada para el Posconflicto.
Desde la misma comisión advierten frente a la tendencia creciente de los eventos de confinamiento en los últimos tres años, así como una marcada concentración mayoritaria de confinamientos en el departamento de Chocó, con 92 eventos (52,3 %), Nariño, con 20 (11,4 %), y Arauca, con 19 en los últimos 3 años (10,8 %).
Agregando que los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son los que presentan las mayores necesidades de atención de víctimas de desplazamiento forzado y con dinámicas de conflicto armado persistentes.
Principales causas del retraso a las víctimas
Desde la Contraloría señalaron que entre las principales causas por este retraso para la indemnización de las víctimas están la insuficiencia de los recursos, deficiencias en la articulación interinstitucional, problemas con los sistemas de información y las demoras en la expedición de normativas clave.
“Desde 2012 hasta 2023, el Gobierno ha ejecutado recursos por $218,5 billones a precios constantes de 2024, pero esto no ha sido suficiente para atender la totalidad de las víctimas. Desde la Contraloría se ha alertado que entre 2024 y 2031 se necesitarán aproximadamente $303,9 billones, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío financiero”, señaló la delegada.
A esto se suma la falta de coordinación efectiva entre las entidades nacionales y territoriales, que ha sido un obstáculo importante; la insuficiente integración de los sistemas de información sobre la población víctima, y demoras en la expedición del decreto de modificación de la estrategia de corresponsabilidad que ha estado en trámite durante más de tres años sin avances concretos. Todo esto ha impedido una mejor coordinación y asignación de recursos para la atención a las víctimas.
Asimismo, ante la pregunta al ente de control sobre si se habrían robado los recursos, señalan que si bien “no se puede afirmar categóricamente de robo”, han encontrado posibles casos de detrimento patrimonial por valores significativos.
“Para el año 2023 se estableció un posible detrimento de $25.718 millones y en 2024 de $2.049 millones. Además, la Contraloría cuenta con actuaciones de responsabilidad fiscal en trámite por valor de $43.681 millones, las cuales, incluyen procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares para determinar las implicaciones de estos hallazgos”, sostiene la delegada para el posconflicto a este medio
¿Qué caminos les quedan a las víctimas y que hace el Gobierno?
En diálogo con Colprensa, la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, señaló que en trece años de implementación de la ley, este es el único Gobierno que se ha comprometido con la reparación integral. No obstante, aceptó que sí existe este rezago, del que culpó a gobiernos anteriores
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“Otros gobiernos han invertido mucho durante la época del conflicto en gasto militar y en seguridad, y se dejó a un lado la reparación de las víctimas, pero el conflicto sigue y sigue produciendo víctimas”, aseguró.
Afirmó que actualmente hay 200 mil personas víctimas solo por el delito de desaparición forzada, siendo Antioquia, Guaviare Meta, Norte de Santander y Caquetá las zonas del país donde está más atrasado el proceso de reparación a víctimas.
Ante este panorama, la directora indicó que desde la entidad se está trabajando para la busqueda de recursos para que pueda agilizar esta indemnización.
La primera es que “hay una posibilidad que tanto la comunidad internacional junto a una estrategia nacional para que se consiga la cifra de 343 billones de pesos. Estamos pensando que se consigan los recursos a corto mediano y largo plazo y que quede de tal forma que llegue el gobierno que llegue, tenga que honrar el compromiso de reparar a las víctimas, son muchos recursos, pero no inalcanzables”, explicó.
La segunda tiene que ver con una solicitud a la Embajada de los Estados Unidos, para que se entreguen bienes y recursos que entregaron los jefes de las autodefensas en Estados Unidos cuando fueron extraditados y que tuvieron rebaja de penas con estos bienes, porque “fueron juzgados por delitos asociados al narcotráfico, pero también el compromiso de ellos era aportar verdad, justicia y reparación a las víctimas, pero eso quedo pendiente”.
“No nos gustaría que esperen 100 años. ¿Cuál será la cifra si continúa el conflicto y sigue el contador de víctimas? Llegará un momento en que será casi impagable”, concluyó.
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