Este domingo, Germán Vargas Lleras criticó las reformas a la Justicia y a la Procuraduría que se aprobaron en el Congreso esta semana. En su columna 'Dos leyes rechimbas', publicada en el periódico El Tiempo.

El exvicepresidente mencionó que la primera no se ocupó de los temas más necesarios, es costosa y se aleja de la austeridad que el Gobierno ha prometido; mientras que la segunda es una pirueta costosa e inconstitucional.

“No fue capaz el Gobierno, tampoco el Congreso, de impulsar una verdadera reforma de la Justicia que se ocupara de los temas críticos: seguridad jurídica, precedente judicial vinculante, límites al abuso de la tutela, acceso y descongestión, entre muchos otros”, escribió Vargas Lleras, a lo que agregó que el Ministro de Justicia se encargó de crear “más burocracia y de ‘garantizar recursos’ por la vía de crear un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la Justicia, a todas luces inconstitucional”.

Por el lado de los costos relacionados con la reforma a la Justicia, Vargas Lleras criticó la creación de más puestos en la Defensoría del Pueblo. Según sus cuentas, actualmente, los gastos de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría llegan a 7,3 billones de pesos para atender a más 40.000 empleados al año. De acuerdo con el exvicepresidente, la Procuraduría y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones de pesos.

“Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones de pesos en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales? La ley también crea nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes. El MinHacienda dio concepto negativo a este nuevo gasto, pero al MinJusticia le importó cinco y archivó la carta. ¿Y las promesas de austeridad? ¿Con qué cara nos van a presentar la nueva reforma tributaria?”, escribió.

El exvicepresidente también manifestó en su columna que con estas leyes se deforman la Contraloría y la Procuraduría. La primera pierde "su capacidad para inhabilitar a los funcionarios fiscalmente responsables, hasta que sus decisiones no sean confirmadas por autoridad judicial", mientras que la segunda, "con la excusa de incorporar a la legislación interna las recomendaciones de la Corte Interamericana, que prohibió sancionar a los funcionarios elegidos popularmente", da facultades propias de los jueces al Ministerio Público.

“Si decidimos acatar el fallo del caso Petro, pues bastaría con pasar a los jueces de la República el conocimiento de los procesos contra aquellos elegidos popularmente. Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley”, escribió.

Dado que están por prescribir más de 10.000 procesos acumulados en los últimos años, el exvicepresidente se preguntó en su columna para qué sirve la Procuraduría, y señaló que "hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad. Además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal”.

Vargas Lleras finalizó su columna expresando que se podría cerrar la Procuraduría y que el único cambio sería que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, los cuales podrían destinarse al mismo sector de la Justicia.

“Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro. Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno”, concluyó.