El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, denunció que la reciente investigación penal anunciada en su contra obedece a una posible retaliación política impulsada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, con quien mantiene fuertes tensiones internas por acusaciones infundadas de interceptaciones ilegales y diferencias sobre el manejo ético dentro del Gobierno.

En diálogo con Blu Radio, Rodríguez sugirió que el proceso de imputación de cargos —que posteriormente fue revocado— no fue una coincidencia jurídica, sino el resultado de motivaciones políticas. El funcionario expresó su sorpresa al enterarse de la decisión de la Fiscalía a través de los medios de comunicación y señaló que “algo raro estaba pasando” al no haber sido escuchado previamente en ninguna diligencia formal.

El director de la UNP apuntó directamente contra Andrés Idárraga, quien también funge como jefe de la Oficina de Transparencia de la Presidencia. El Ministro lo señaló de estar detrás de supuestas “chuzadas” a funcionarios, afirmación que rechazó de manera tajante.

“Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie, y menos en mi posición, soy el encargado de proteger a opositores, líderes sociales, magistrados y periodistas, tengo que ser impoluto”, enfatizó.

Además, Rodríguez cuestionó las actuaciones de Idárraga frente a otras entidades, como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y consideró que la gestión del Ministro debería ser objeto de escrutinio. “He conocido cosas que me hacen pensar que no están en la línea ética correcta”, comentó.

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El vacío legal en el caso Miguel Uribe

En medio de la controversia política, Rodríguez también respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado. El director explicó que la entidad no tenía competencia legal para reforzar el esquema del entonces senador, ya que su estatus de aspirante presidencial no estaba regulado.

Rodríguez precisó que “la palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP”, razón por la cual no se activó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).

“El CORMPE se activa cuando hay campaña, o sea, para los candidatos; en ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos”, indicó el funcionario, quien reconoció que la normativa cambió “lamentablemente” solo después del magnicidio.

Frente a las críticas por las 20 cartas enviadas por Uribe Turbay solicitando apoyo, Rodríguez aclaró que estas no constituían pedidos formales de ampliación del esquema de seguridad, sino solicitudes logísticas para desplazamientos que la UNP no podía cubrir por falta de contrato.

“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, argumentó Rodríguez, y añadió que esas peticiones debían tramitarse con la Policía Nacional o la unidad administrativa del Congreso.

El funcionario insistió en que revisaron los archivos y concluyó que “no hay ni una sola solicitud” de refuerzo de seguridad radicada formalmente ante su despacho, desmintiendo así las versiones sobre una supuesta negligencia deliberada de la entidad.

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