La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 2 del Consejo de Estado negó la solicitud que existía en contra de los 10 congresistas que habrían participado con donaciones para la vaca que creó la Gobernación de Antioquia para terminar las vías 4G en el departamento.
En la demanda se señalaba que los congresistas, con sus aportes, habían violado el régimen de inhabilidades, pues según el demandante, la acción de donar implicaba firmar un contrato con la Gobernación, algo que no está permitido para quienes hacen parte del legislativo.
“Los demandados incurrieron en la causal Primera del artículo 183 de la Constitución, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el entendido que incurrieron en la causal de violación de este régimen establecido en el artículo 180- 2; Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”, dice la demanda.
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También, el demandante había justificado que dichos aportes se hacían con fines proselitistas, sin embargo, en su sentencia los magistrados explicaron que eso “no es un argumento convincente para demostrar la configuración de la causal, pues el interés proselitista no es contrario al interés general o bien común y menos a razones de conveniencia, muy propia de la labor congresional”.
La demanda la puso el abogado Carlos Mario Patiño, quien anteriormente había reconocido ante EL COLOMBIANO que sí había participado en el gobierno de Daniel Quintero, pero no bajo sus órdenes, cuando su ideología política fue puesta bajo el reflector.
Esta decisión del Consejo de Estado fue celebrada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien dijo que esta era una victoria de la solidaridad y el civismo.
“Hoy triunfó nuestra causa común: el anhelo de conectarnos con el mar de Antioquia y Colombia para llevar progreso, desarrollo y oportunidades”, publicó el gobernador en su cuenta de X.
En la audiencia que hubo la semana pasada, la Procuraduría había intercedido para que los senadores y representantes involucrados no perdieran su investidura, argumentando que luego del análisis de las pruebas ellos no habían incurrido en ninguna falta y no se comprobó la existencia de algún contrato, principal alegato del demandante.
La Vaca por Antioquia fue una iniciativa que inició el pasado 22 de marzo luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro pusiera trabas para no entregar los recursos restantes para culminar importantes proyectos de infraestructura como algunos tramos del Túnel del Toyo.
En la lista de los congresistas demandados estaban los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina. Los representantes Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez también estaban mencionados en este proceso.
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