El día que Miguel Ángel Meneses Angarita, un campesino oriundo de El Tarra recibió la resolución que lo acreditaba a él y a su familia como beneficiarios de una indemnización por el asesinato de su hermano Neftalí Meneses, muerto a manos criminales en el año 1988, pensó que por fin se haría justicia con su familia. 

La Resolución 862 del 14 de septiembre de 2012, expedida por la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, lo hacía merecedor de un reconocimiento, no solo simbólico, sino monetario, dinero que debían reclamar en un tiempo perentorio, en el Banco Agrario de Ocaña. 

Llegado ese día de 2012, Miguel Ángel fue junto a sus hermanos a retirar el dinero; no obstante, nunca llegó a imaginar que no serían los grupos armados, sino el mismo Estado, el que lo revictimizaría por un error de la misma entidad, la cual no se percató de que la identificación de Miguel Ángel aparecía borrosa en el documento resolutorio, razón por la cual el banco le negó la entrega únicamente de su dinero.

“A todos mis hermanos les giraron el dinero, pero por la ilegibilidad del documento, un error que cometió la Unidad para las Víctimas, a mí se me negó. En esa entidad no me quieren sacar una copia de la resolución, ni con el fallo de un juez que les ordenó hace 7 años, volver a expedir la resolución”, afirmó Meneses, quien no sabe leer ni escribir, y agrega que, por esta condición, muchas veces lo ignoran o desatienden lo que dice.

Un nuevo error 

Miguel Ángel tuvo que tutelar su derecho a la igualdad ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Tarra, hecho por el cual se ordenó a la Unidad para las Víctimas expedir nuevamente copia del fallo, para que este retirara su indemnización, pero la entidad no cumplió con lo ordenado.

Además del documento ilegible, la Unidad para las Víctimas cometió un segundo error, expidiendo una nueva resolución (N°223 de 2013), lo cual obliga a que Miguel Ángel otra vez tuviera que surtir todo el proceso para recibir indemnización, entregar nuevos testimonios, otros documentos, y someterse al método de priorización.

De manera que, este campesino, que tuvo prácticamente el dinero en sus manos, debe volver a hacer fila junto a otras 130.000 víctimas del conflicto en Norte de Santander. 

Cada año que pasa, Miguel Ángel asegura que va perdiendo poco a poco la esperanza de ser reparado, ya no cree en la justicia del país, “están burlándose de mi condición de víctima, tengo estrés y esto afecta mi estado mental”. Meneses afirmó que ha sufrido depresión, al tener en cuenta que cada documento que le exigen una y otra vez requiere de trámites y dinero, del cual no dispone, pues salió desplazado de su finca con sus hijos menores y ahora reside en la invasión Sabana Verde, en una casa de madera.

La entidad responde 

La Opinión se contactó con funcionarios de la Unidad de Víctimas, quienes han dado respuesta a los requerimientos legales presentados por la víctima, y además aseguraron que en respuesta al derecho de petición se solicitaron documentos, los cuales no han sido entregados; de manera que, esta entidad permanece al tanto de recepcionar la documentación faltante para avanzar en la ruta de reparación.