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Norte de Santander ya suma 1.941 desplazados y 3.000 confinados en 2026, alerta la Defensoría
El organismo humanitario señaló que las amenazas, homicidios, reclutamiento de menores y la instalación de minas antipersonales continúan siendo las principales causas que obligan a miles de familias a abandonar sus hogares.
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Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Domingo, 24 de Mayo de 2026

Norte de Santander aparece entre los departamentos más golpeados por el desplazamiento forzado y el confinamiento en Colombia durante los primeros cuatro meses de 2026. Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran un panorama marcado por el avance de la confrontación armada, especialmente en zonas donde se disputan el control territorial el Eln y las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el más reciente boletín de movilidad humana de la entidad, en el departamento 1.941 personas han sido afectadas por desplazamiento forzado y otras 3.000 permanecen bajo condiciones de confinamiento, una situación que limita su movilidad, acceso a alimentos, salud y educación.

El informe advierte que la crisis humanitaria tiende a profundizarse en los próximos meses debido al recrudecimiento de la violencia en varias regiones del Catatumbo y otros corredores estratégicos del departamento.

A nivel nacional, entre enero y abril se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado que dejaron 8.249 personas afectadas, además de 31 eventos de confinamiento que impactaron a 45.869 habitantes en distintas regiones del país.

Desplazamientos masivos

Solo durante abril, la Defensoría documentó cinco eventos de desplazamiento y tres de confinamiento que afectaron a 3.214 personas. Los departamentos más afectados por desplazamiento fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca, mientras que Chocó y Putumayo encabezaron los casos de confinamiento.


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La entidad también reportó que en Norte de Santander 65 personas resultaron afectadas por desplazamientos masivos.

El organismo humanitario señaló que las amenazas, homicidios, reclutamiento de menores y la instalación de minas antipersonales continúan siendo las principales causas que obligan a miles de familias a abandonar sus hogares o permanecer encerradas en sus territorios.

A estas condiciones se suman factores ambientales. En abril, una creciente del río Ocaña provocó emergencias en varias veredas del departamento, dejando comunidades incomunicadas y generando nuevos desplazamientos.

La Defensoría insistió en que las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen entre las más vulnerables. Entre enero y abril fueron afectados territorios de 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas por desplazamientos, mientras que los confinamientos impactaron a 22 comunidades étnicas en distintas regiones del país.

Según el balance oficial, el conflicto armado, las economías ilegales y la disputa por corredores estratégicos continúan deteriorando las condiciones de seguridad y permanencia de las comunidades en sus territorios.


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La entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y atención humanitaria, especialmente en regiones donde persisten riesgos de desplazamiento masivo y confinamiento.

Hay también al menos 3.000 personas confinadas en el Catatumbo./Foto Carlos Ramírez
Se intensifican los ataques con drones

En lo corrido de 2026, la región del Catatumbo en Norte de Santander ha experimentado una intensificación de ataques con drones explosivos, afectando tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

El alcalde de El Tarra, Eyder Robles, advirtió que los ataques con drones han puesto en riesgo extremo a los estudiantes del corregimiento de Filo Gringo, impidiendo el retorno seguro a clases presenciales debido a la falta de garantías.

El 7 de abril, dos civiles resultaron gravemente heridos tras un ataque con drones explosivos en la vereda Cuatro Esquinas.

El 4 de mayo, campesinos del corregimiento de Pachelli denunciaron nuevos ataques con explosivos lanzados desde drones que destruyeron viviendas de madera en la zona rural.

A nivel nacional, se han registrado 107 ataques con drones en lo que va de 2026, con una alta concentración en departamentos como Cauca y Norte de Santander.


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El último ataque con estos aparatos se produjo el pasado viernes sobre una vivienda en la vereda Barrancas, ubicada en el corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú. 

Según la comunidad, un "enjambre de drones" sobrevoló la zona y atacó viviendas, provocando el pánico entre los residentes de este sector del Catatumbo.

Se presume que la confrontación serían de las disidencias de las Farc contra miembros del Eln en una disputa por el control territorial de este corredor estratégico.

La Fuerza Pública mantiene constante patrullaje en la región del Catatumbo./Foto Carlos Ramírez
Masacres: seis casos en cinco meses agravan la crisis en Norte de Santander

Norte de Santander completa seis masacres en lo corrido de 2026, una cifra que refleja el deterioro de la seguridad en medio de la disputa armada entre el Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales que buscan controlar rutas del narcotráfico y corredores fronterizos.

De acuerdo con reportes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, el departamento atraviesa una de las etapas más violentas de los últimos años. Las confrontaciones armadas, las retaliaciones y el control territorial han incrementado los ataques contra la población civil.

El más reciente informe del portal Acuérdate de la Verdad, elaborado con base en cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos, señala que Colombia registra 56 masacres en apenas cinco meses de 2026.


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La Defensoría del Pueblo recordó que varios municipios del departamento ya habían sido advertidos mediante alertas tempranas por el alto riesgo de enfrentamientos armados y ataques contra la población civil, como ocurrió recientemente en zona rural de Ábrego.

Organizaciones sociales sostienen que la violencia actual tiene características distintas a las de décadas anteriores, debido a la fragmentación criminal y a la aparición de múltiples grupos pequeños que disputan territorios específicos mediante amenazas, asesinatos y desplazamientos.

Desde enero de 2025, el Catatumbo enfrenta una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas, con miles de familias desplazadas, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.


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