Un panorama desalentador para los más de nueve millones de víctimas que ha dejado y sigue dejando el conflicto armado en Colombia fue el que presentaron ayer los entes de control, durante la entrega del octavo informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Para la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, es preocupante el avance de la reparación integral a los beneficiarios de la Ley 1448, tras 10 años de su puesta en marcha, y por eso alertaron que al ritmo que se avanza con las indemnizaciones, el total de víctimas sería reparado en 60 años.
En ese mismo sentido, advirtieron que, si bien ha habido avances importantes entre 2019, 2020 y lo que va corrido de 2021, y resaltaron la gestión del Gobierno Nacional, se requieren $328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral.
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El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que es necesario un plan fiscal más amplio, pues son más de nueve millones de colombianos los sujetos de derecho a reparación y en esa medida los $135,5 billones destinados por el Gobierno desde 2012 para cumplir con ese objetivo van a ser insuficientes.
“Al 2031 serán requeridos $328,3 billones que se discriminan en indemnizaciones, en viviendas, alimentación, retornos y reubicación”, dijo.
Otra de las preocupaciones que manifestaron ayer los organismos de control y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, es que desde que se implementó la Ley 1448, en 2011, tan solo ha recibido atención psicosocial la tercera parte de la meta proyectada en el Conpes 3726, es decir, apenas 889.066 personas.
Desde el Ministerio Público indicaron que el programa de reparación colectiva también presenta escasos avances, puesto que de las 768 solicitudes incluidas en el Registro Único de Víctimas, apenas 28 de ellas (4%) finalizó la implementación de todo su plan integral, mientras que otros 511 casos (66%) se encuentran en las fases iniciales de la ruta y 229 (30%) en las fases de formulación e implementación.
En materia de restitución de tierras se han emitido 6.974 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. “Se requieren mayores esfuerzos de la institucionalidad para una gestión eficiente y segura. Entre 2020 y el primer trimestre de 2021 se presentaron 6.656 solicitudes de restitución, de las cuales solo el 13% se resolvió de fondo durante el año pasado y el 9 % en los primeros tres meses de 2021”, indicó la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras.
Por esa razón, los entes de control instaron a las diferentes entidades que tienen a su cargo la implementación de la Ley, para que redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales, con el fin de avanzar de forma contundente en la garantía de los derechos de esta población, pues destacaron que el 91% de las víctimas del conflicto armado está en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Recursos para vivienda permanecen en cuentas
Por otra parte, la Contraloría reveló que hay un difícil acceso de la población víctima a vivienda urbana y dijo que entre 2012 y este año se han otorgado más de 107.000 subsidios de vivienda, quedando pendiente un universo de más de un millón de víctimas por hogar.
De la misma forma, alertó que desde el 2003 hay en cuentas de ahorro programado 21.408 subsidios de vivienda urbana, “teóricamente ya asignados, por $317.113 millones y en fiducias reposan $12.375 subsidios asignados por $527.855 millones”.
“Llama la atención que valiosos recursos para la atención de las viviendas de las víctimas permanecen en cuentas de ahorros y fiducias, mientras miles de personas claman por ese techo. Se necesita mayor ejecución en esta política pública y se hace urgente un llamado a la ejecución sectorial”, planteó el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
Violencia agudiza el panorama
Uno de los aspectos en los que más insistieron los entes de control y los representantes de las víctimas durante la presentación del informe, es en el recrudecimiento de la violencia en los diferentes territorios, pues esto afecta de forma considerable el avance de la implementación de la Ley.
Al respecto, recordaron que por cuenta del conflicto, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020.
La misma Unidad para la Victimas argumentó que más de un millón de afectados por la guerra que había mejorado su situación, sufrió nuevamente violaciones de derechos y terminó revictimizado.
Según se informó, las principales dinámicas que no permiten un avance progresivo para la reparación son los desplazamientos masivos, el narcotráfico y el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así mismo, los contextos de inseguridad y la escasa credibilidad en los procesos ofrecen un panorama de tan solo el 57% de la población caracterizada.
Ayer, por primera vez, el informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas contó con un estudio específico en materia de género que permitió evidenciar que más de la mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres afectadas de manera diferencial. En esa medida, la recomendación hecha al Gobierno es que la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades.
De la misma forma, se hizo un llamado contundente para que el Gobierno disponga de una gama de programas y planes para atender la situación de todas las víctimas con orientación sexual e identidades de género diversas que huyen de la violencia por su condición.
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