De nuevo se revive la polémica sobre la retoma de los activos de la Empresa de Servicios Públicos por parte de la administración municipal de Ocaña.
Hace 30 años, el abogado Henry Pacheco Casadiego instauró la demanda y, desde entonces, las decisiones por parte de los mandatarios de turno se han dilatado.
“Los alcaldes siempre han incumplido la disposición del alto tribunal, se burlan de los fallos y la ESPO nunca hace las transferencias justas al ente territorial”, afirmó el profesional del derecho.
La jefe de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Marcela Ascanio, indicó que la administración se encuentra en un proceso de reestructuración administrativa y que actualmente no tiene capacidad financiera para responder al fallo, por lo que interpondrá los recursos necesarios para aclarar la decisión judicial.
Asimismo, aseguró que la administración respeta y cumple las decisiones de las autoridades judiciales. Frente al proceso conocido públicamente, explicó que también se han presentado solicitudes y recursos para garantizar que todo se adelante con respeto al debido proceso y bajo los principios de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad.
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La funcionaria agregó que se continúa trabajando en soluciones a las problemáticas históricas de acueducto y alcantarillado, actuando con responsabilidad y compromiso por el bienestar de los ocañeros.
Declaran desacato
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta declaró en desacato al alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, por incumplir un fallo judicial relacionado con la recuperación de bienes públicos entregados a ESPO.
Según la decisión judicial, durante varios años no se cumplió la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y las actuaciones presentadas por el municipio no demostraban un cumplimiento efectivo de la sentencia.
La sanción impuesta corresponde a una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, considerada la máxima establecida en la Ley 472 de 1998.
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El fallo también señala que deberá garantizarse la continuidad en la prestación de los servicios de agua y alcantarillado para la comunidad ocañera.
La administración responde
Las decisiones judiciales encendieron nuevamente la polémica en Ocaña ante una posible retoma de los activos y la búsqueda de otro operador de servicios públicos mediante licitación o concesión.
La situación se torna compleja debido a varios fallos judiciales emitidos por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, según el proceso, no han sido cumplidos por anteriores administraciones municipales.
La secretaria jurídica de la administración, Johana Marcela Ascanio Angarita, manifestó que, a raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en el proceso judicial que cursa ante el Circuito Administrativo de Cúcuta, dentro del medio de control de protección de derechos colectivos con radicado 2011-00043, la administración municipal informa que:
“Siendo respetuosa de las decisiones judiciales y garante de los derechos individuales y colectivos, esta administración acata las órdenes judiciales”.
Frente al proceso conocido por la opinión pública, explicó que se han interpuesto los recursos y solicitudes pertinentes con el fin de garantizar el debido proceso y los principios de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad.
También aseguró que la administración municipal ha desarrollado mesas de trabajo y concertación interdisciplinarias en busca de soluciones técnicas que permitan cumplir las obligaciones estructurales que el municipio arrastra desde hace más de 30 años. Añadió que el Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta ya conoce las gestiones adelantadas en infraestructura de acueducto y alcantarillado.
Indicó, además, que Ocaña se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración de pasivos, conforme a los acuerdos suscritos en junio de 2025 con el Ministerio de Hacienda.
“Por ley, el gasto público está estrictamente limitado y no se pueden realizar pagos fuera de este marco sin poner en riesgo la estabilidad financiera del municipio”, precisó.
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Finalmente, señaló que la administración continúa trabajando con austeridad y eficiencia para resolver problemas heredados de anteriores gobiernos, cumplir con la justicia y garantizar el bienestar de los ocañeros.
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