La ética en la profesión del abogado fue el tema central en el VI Encuentro de Investigadores de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), evento que reunió a profesores e investigadores del derecho, abogados, estudiantes y funcionarios públicos de Norte de Santander.

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Interferir en las actuaciones judiciales o estar en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias alucinógenas en los estrados, obrar con mala fe, obtener clientes aprovechándose de situaciones calamitosas, valerse de dádivas, actuar en medio de conflictos de interés, entre muchas otras, son prácticas cada vez más comunes que afectan el buen nombre de los abogados. Y aunque la falta de ética es un problema que abarca a las profesiones en todos los escenarios del mundo, en los juristas es algo muy grave para la sociedad.

La ética en la profesión de los abogados es un tema fundamental para la democracia y el Estado social de derecho; en otras palabras: cada vez que un abogado pierde la ética, la estructura política y judicial en la que conviven los ciudadanos está en riesgo. Así lo señala la magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, Martha Cecilia Rojas, al precisar que, diferente a otras profesiones, la ética del abogado está estrictamente reglada en un código disciplinario, ya que su función social es custodiar los principios y derechos ordenados en la Constitución Política.

Y es que, aunque todas las profesiones son importantes, los abogados desempeñan un papel fundamental en el sistema legal y tienen la responsabilidad de actuar en interés de la justicia y de sus clientes. En los togados se deposita la fe pública y la legalidad en los procesos, por ello cuando la corrupción se instala en la práctica de la abogacía, se convierte en un problema mayúsculo que tiene diversas consecuencias negativas en el ámbito social y en el mismo ordenamiento jurídico.

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Según Marco Antonio Jaramillo, representante de la Escuela Jurídica Causa, existe un deterioro de la reputación profesional del abogado; de hecho, se estima que en Colombia el mayor problema de corrupción y de ética entre los togados pudo acrecentarse en la década de los 80 y 90 con la acentuación del fenómeno del narcotráfico y las mafias en el país, y su infiltración en las instituciones de las tres ramas del poder.

Es importante aclarar que la mayoría de los abogados ejercen su profesión de manera ética y cumplen con los altos estándares profesionales. “Sin embargo, es fundamental seguir promoviendo la ética y la responsabilidad en la práctica legal para salvaguardar la integridad del sistema y garantizar una justicia equitativa para todos”, expresó la directora del programa de Derecho de la Unisimón, Gladys Shirley Ramírez Villamizar. 

Cuenta Porfirio Andrés Bayuelo Schoonewolff, presidente de Acofade y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, que actualmente existen en Colombia 196 programas de Derecho y, según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, entre 1996 y 2022, se registraron 375.580 abogados y, en el 2021, se expidieron 178.174 tarjetas profesionales nuevas.

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Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia advierte que entre 1996 y 2020, el control disciplinario sobre las faltas cometidas por los abogados colombianos fue “prácticamente marginal”. Por su parte, el medio CM& cuestiona que, “durante ese período, la entidad encargada de investigar las faltas cometidas por los juristas fue la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se adelantaron 24.792 investigaciones contra abogados, de las cuales un 84,4 % culminaron con sanciones”.

El informe señala que “el número anual de juristas investigados y sancionados por dicha sala superó el 1 % del total de tarjetas profesionales vigentes” y añade que solo el 1,1 % de las sanciones que impuso la Sala Disciplinaria contra los abogados del país a lo largo de 24 años correspondió a la “exclusión” del ejercicio de la profesión y la cancelación de las tarjetas profesionales.

“Nosotros los abogados tenemos unos estándares, unas pautas o conductas éticas más exigentes en nuestros comportamientos y para ello incluso tenemos un Código Disciplinario del Abogado que deberíamos conocer los juristas”, dijo Marco Antonio Jaramillo.   

El rol de la academia

El auditorio José Toloza, de la Universidad Simón Bolívar, fue el punto de encuentro para que juristas de diferentes áreas del derecho debatieran sobre la responsabilidad que tienen los distintos actores e instituciones y el mismo Estado en la promoción de una formación jurídica de calidad, impulsando las buenas prácticas de los programas académicos de Derecho.

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“La falta de ética es un hecho que no solo puede ser atribuido a la formación y a las facultades de Derecho, pues resulta imprescindible valorar si la formación universitaria en los egresados ha tenido una débil influencia para un desempeño ético en su vida profesional, o si los hechos que se le imputan son ajenos a la formación universitaria, como los factores sociales o culturales”, afirmó Bayuelo Schoonewolff.

En otras palabras, debe observarse la tradición cultural y social de los abogados que faltan a la ética y no recaer solo en las universidades, pues existen materias encaminadas a formar profesionales éticos y éstas están insertas en los currículos universitarios, como sucede en la Universidad Simón Bolívar.   

Ahora bien, se debe entender que el desempeño ético proviene del ser y no del saber, lo que permite repensar ¿cuáles son los valores impresos en la sociedad y en el núcleo familiar que se fortalece en las escuelas y en las familias?, cuestionó el decano de la Unisimón.

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En conclusión, la corrupción del sistema traerá como consecuencia un perjuicio a quienes quieran hacer valer sus derechos y el debilitamiento del Estado de derecho, comprometiendo la integridad y la imparcialidad de los procesos legales. Esto puede conducir a una disminución de la legitimidad del aparato legal y socavar los principios fundamentales de justicia y equidad.

La falta de ética daña la reputación de los abogados en su conjunto, dijo Jaramillo. Por ejemplo, cuando se descubren casos de comportamiento poco ético, se erosionan los estándares profesionales y se genera una percepción negativa hacia la abogacía en general.

La falta de ética en los abogados conduciría a llevar a un escepticismo del ciudadano de a pie hacia la justicia y al debilitamiento de la fe en la imparcialidad y equidad del sistema; así como desigualdad y acceso limitado a la justicia.

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