El peligro latente por una remoción en masa sobre la avenida Demetrio Mendoza amenaza con afectar no solo la vía, sino también entre 10 y 15 viviendas ubicadas en el sector.
Frente a esta situación, las autoridades municipales realizaron el pasado miércoles una visita de inspección técnica en la zona colindante con el barrio San Martín. De acuerdo con Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, durante el recorrido se evidenció la construcción ilegal de viviendas en un área catalogada de alto riesgo.
“Estas construcciones debilitan la estructura del terreno y aumentan la posibilidad de caída de rocas y material. Además, incrementan el riesgo para las personas que habitan o pretenden habitar la zona”, precisó el funcionario.
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Indicó también que otro de los factores de riesgo es que las viviendas corresponden a estructuras rústicas que no cumplen con normas técnicas ni cuentan con sistemas adecuados de soporte estructural, como columnas.
Ante este panorama, las autoridades notificaron a los ocupantes sobre la condición de alta vulnerabilidad en la que se encuentran y realizaron la caracterización de las viviendas construidas en el sector. Como resultado de la inspección, también se determinó el inicio formal de los trámites ante la Inspección de Policía y la oficina de Control Urbano.
El proceso será sustentado técnicamente mediante certificaciones expedidas por la Subsecretaría de Catastro y la Secretaría de Planeación, entidades que acreditarán la propiedad municipal de los predios afectados.
Podrían demolerse las viviendas
La Secretaría de Gobierno de Cúcuta informó que anteriormente ya se habían realizado advertencias a los ocupantes; sin embargo, estas no fueron atendidas.
Por esta razón, la dependencia anunció el inicio de un proceso policivo que podría derivar en la demolición de las viviendas si los habitantes no realizan el retiro voluntario.
“Primero se les hace una citación a audiencia, donde se les notifican las causales por las cuales no pueden permanecer en ese punto y se les otorga un plazo para efectuar el desalojo voluntario. Si no cumplen, se procede con una orden de desalojo y posteriormente con las labores de demolición”, explicó la oficina.
La entidad aclaró que este procedimiento ya comenzó.
Se conoció que, aunque la intervención fue liderada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, en la jornada también participaron las secretarías de Planeación y Gobierno, con apoyo de la Inspección de Policía, la Personería Municipal y la Policía Nacional.
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