Este jueves la Defensoría del Pueblo alertó que la mitad de los municipios del Chocó mantiene alertas tempranas vigentes relacionadas con riesgos de vulneración a los derechos humanos. Motivo por el cual pidió una intervención urgente en el departamento.
“La población chocoana está sufriendo una emergencia humanitaria a la que debemos darle prioridad desde el Estado, dado el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, que se disputan el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, advirtió este jueves desde Quibdó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Otro factor a tener en cuenta para la Defensoría es que luego del acuerdo con la antigua guerrilla de las Farc, en este departamento se ha desarrollado una intensa expansión, reacomodamiento y disputa por parte de los grupos armados ilegales.
“Las dinámicas del conflicto armado, que históricamente han permeado las zonas rurales, se han trasladado a los escenarios urbanos, como el caso de Quibdó, en donde el Eln amenaza con la consolidación de un frente urbano, a través de alianzas, la cooptación y la instrumentalización de bandas delincuenciales locales, para hacerle frente al grupo armado ilegal AGC”, explicó Carlos Camargo.
Aunque los principales grupos armados ilegales con presencia en el departamento son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también se reporta la presencia de estructuras armadas de alcance local como Los Chacales (en Bahía Solano), Los Colombianos y Los Mexicanos (en Quibdó), en contextos urbanos donde la violencia se ha exacerbado. A juicio de la Defensoría del Pueblo, una de las principales causas de violencia y vulneraciones a los derechos humanos en el Chocó es la disputa de territorios colectivos, de alto interés estratégico para estos actores ilegales, que quieren el control en las cinco subregiones del departamento.
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Como consecuencia de estos hechos con corte al 13 de septiembre, durante lo corrido de 2021 la Defensoría del Pueblo tiene un reporte de 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes.
De la misma forma, se han registrado 18 desplazamientos forzados, 11 en comunidades indígenas y siete en afrodescendientes, ocurridos en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan. En total, en el mismo lapso, tuvieron que dejar sus territorios 5.943 personas, de 2.311 familias. Además, se ha verificado el desplazamiento intraurbano de 209 personas en 2021.
“La situación actual en materia de derechos humanos en el Chocó es crítica. Además de los desplazamientos, confinamientos y combates, fueron asesinados 15 ciudadanos en proceso de reintegración luego de la firma de paz, siete de ellos en Quibdó. El año pasado asesinaron a 16 líderes sociales y este año cuatro”, explicó el Defensor del Pueblo.
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