Nueve empleados y contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados por las disidencias de las Farc en el municipio de López de Micay, tras ser acusados por ese grupo criminal de estar apoyando a las Fuerzas Militares.
La retención fue confirmada por la propia organización criminal, en un comunicado distribuido en la mañana de este viernes por el bloque Occidental del Estado Mayor Central, la facción terrorista que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).
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Según información oficial, los secuestrados adelantaban una misión catalogada como “humanitaria y social”, que incluía actividades para fortalecer la participación ciudadana y mejorar el acceso a programas estatales.
No obstante, versiones preliminares señalan que el equipo también se encontraba instalando dispositivos tecnológicos, presuntamente para interrumpir señales móviles y derribar drones, lo que habría motivado la reacción del grupo armado.
Autoridades confirman presencia de frentes armados
La Fuerza Pública atribuyó el secuestro a las estructuras Carlos Patiño y Rafael Aguilera, aunque inteligencia militar apunta a que la operación fue coordinada por la estructura Jaime Martínez, bajo órdenes de alias Marlon, por quien se ofrece una recompensa de hasta mil millones de pesos.
“Estamos trabajando para que estas personas regresen sanas y salvas a sus hogares. Se ha dispuesto el envío de una comisión humanitaria para mediar ante los responsables”, indicaron fuentes del Ejército, que además confirmaron hostigamientos recientes contra la estación de Policía local, donde fueron lanzados explosivos desde drones.
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Identifican a los secuestrados
Los nombres de las víctimas fueron divulgados por los propios captores en un comunicado, y serían:
- Eivar Alonso Guerrero Anaya.
- Sergio Andrés López Gómez.
- Angélica María Barona.
- Leydi Rocío Guengue.
- Paola Andrea Maca Chávez.
- Mónica Alexandra Bambague.
- Manuela Caicedo Arango.
- María Elizabeth López.
- Elizabeth Yangana.
Mientras la Gobernación del Cauca exige la liberación inmediata, el hecho genera preocupación entre las comunidades, que denuncian que, pese a los anuncios del Gobierno Nacional, a sus territorios llegan primero los uniformados antes que los programas sociales prometidos.
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